Nueva reforma de pensiones. El plan de Sheinbaum que desató críticas por posible retroactividad

La nueva reforma de pensiones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, y modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer un nuevo límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas. El cambio ha generado polémica, especialmente entre jubilados de organismos como Pemex, por el posible impacto en beneficios ya otorgados.

La reforma plantea que las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en el sector público no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, se fija un tope máximo ligado directamente al salario presidencial. El objetivo, según el Gobierno, es evitar pensiones consideradas excesivas dentro de la administración pública.

La medida no solo aplicará a dependencias tradicionales, sino también a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Sin embargo, el proyecto contempla algunas excepciones, como las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las aportaciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva.

Uno de los puntos que más críticas ha generado está en los artículos transitorios, donde se prevé que las pensiones ya otorgadas y que no estén dentro de las excepciones también se ajusten al nuevo tope. Este apartado ha encendido las alertas entre jubilados y sectores de oposición, que advierten un posible efecto retroactivo y una eventual afectación a derechos ya adquiridos.