Afores e infraestructura: qué sí y qué no podrá hacer el gobierno con tu ahorro

La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica encendió alertas entre trabajadores por la posibilidad de que el gobierno use recursos de las Afores para financiar obras públicas. Sin embargo, la Amafore aseguró que la reforma no autoriza al gobierno a “quitar” dinero de las cuentas individuales, sino que crea un marco legal para que las administradoras puedan invertir en proyectos de infraestructura solo si son rentables, están bien estructurados y cumplen filtros técnicos y de riesgo. El Senado aprobó la ley con 84 votos a favor y 28 en contra.

La asociación explicó que las Afores ya pueden invertir en infraestructura desde hace años, mediante instrumentos como CKDs y CERPIs, bajo supervisión de la Consar y dentro de límites previamente establecidos. Desde octubre de 2024, el régimen de inversión permite destinar hasta 30% de ciertos portafolios a instrumentos estructurados, pero la nueva ley no eleva ese tope ni obliga a usarlo, por lo que cada proyecto seguirá siendo evaluado de manera independiente por los comités de inversión de cada administradora.

En los hechos, hoy las Afores están lejos de ese límite. Según datos citados en el dictamen, actualmente solo entre 8% y 9% de los recursos administrados se canalizan a infraestructura, pese a que el margen regulatorio es mayor. El argumento del oficialismo es que la ley busca dar certidumbre jurídica para que, si existen proyectos sólidos, pueda aumentar la participación del ahorro interno en obras productivas sin romper el mandato principal de las Afores: proteger el dinero de los trabajadores y buscar rentabilidad.

Aun así, la oposición mantiene sus críticas y advierte que la reforma abre la puerta a una mayor exposición del ahorro pensionario en proyectos impulsados por el Estado. En términos prácticos, el mensaje clave para los ahorradores es este: no te van a retirar dinero directamente de tu cuenta, pero una parte del portafolio de tu Afore sí podría invertirse en infraestructura si el proyecto pasa los filtros regulatorios y financieros. El debate ahora se centra en si habrá suficiente transparencia, rentabilidad y control de riesgos para que eso no termine afectando el retiro de millones de trabajadores.