En un año más de un millón de menores sufrieron abuso sexual en línea en México
En un año, 1.6 millones de menores de edad sufrieron abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología, se estimó en el informe Disrupting Harm in México.
El estudio fue realizado por Interpol, Unicef y Ecpat, y detalló que los principales abusos que los menores experimentaron fueron recibir imágenes sexuales que nunca pidieron, algunas realizadas con inteligencia artificial con su persona y solicitarle un video o fotografías de sus partes íntimas, entre otros.
El 13 por ciento de las niñas, niños y adolescentes usuarios de internet encuestados en México sufrieron al menos uno de estos casos de abuso y explotación sexual facilitado por la tecnología en un periodo de un año
La investigación se realizó entre 2023 y 2024 mediante una encuesta nacional de hogares aplicada a mil 27 adolescentes usuarios de internet, complementada con entrevistas a profesionales de la justicia, personal de primera línea, fuerzas del orden y jóvenes que sufrieron abusos antes de los 18 años.
Los datos revelaron que casi la mitad de los menores de edad han sido víctimas de al menos dos tipos de abusos, a los cuales son expuestos principalmente por amistades o conocidos.
De acuerdo con los datos, el 13% de la población infantil usuaria de internet en México de entre 12 y 17 años sufrió al menos una forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en un periodo de doce meses. Comparado con el total de ese grupo de edad en el país, el dato representa alrededor de 1.6 millones de menores víctimas en un solo año.
La forma de abuso más frecuente fue la exposición no deseada a imágenes sexuales, registrada en el 7% de los casos. Le siguieron solicitudes no deseadas para hablar de sexo (4%) y peticiones para compartir imágenes de partes íntimas (3%). Casi la mitad de las víctimas —el 47%— sufrió al menos dos formas de abuso, ya fuera por parte del mismo agresor o de personas distintas.
La encuesta también registró que el 2% de los menores fue amenazado con la difusión de imágenes sexuales, y que el 1% fue presionado o chantajeado para compartir ese tipo de contenido.
Los datos señalan que las tres aplicaciones donde más se registraron incidentes son: Facebook, que concentró el 52% de los casos, WhatsApp con el 46% e Instagram con el 11%. TikTok apareció en el 8% de los incidentes, YouTube en el 3% y Snapchat en el 2%.
El informe también documentó casos facilitados por plataformas de videojuegos como Roblox, Fortnite y FIFA. Según un representante de las fuerzas del orden citado en el estudio, los agresores que contactan a menores a través de juegos en línea “rara vez se dirigen a solo uno de ellos”, sino que establecen contacto simultáneo con varios, a menudo ubicados en distintos países.
Los entornos de juego funcionan con frecuencia como punto de contacto inicial: los agresores construyen una relación de confianza antes de trasladar la interacción a otras plataformas donde resulta más sencillo compartir imágenes y videos.
En la mayoría de los casos documentados, las personas perpetradoras formaban parte del círculo social de las víctimas: compañeros de escuela, docentes, familiares o conocidos. Los datos de la encuesta muestran que en el 39% de los casos, el primer contacto entre la víctima y el agresor ocurrió en el entorno escolar.
Este patrón coincide con hallazgos operacionales de INTERPOL, que respaldó un caso en el que un único agresor captaba a varios menores en entornos educativos para abusar de ellos y producir material ilícito. Organizaciones de la sociedad civil documentaron casos similares en 11 estados, con una tendencia al alza: de 18 casos en 7 estados en 2021 a 25 en 11 estados en 2023.
El estudio también advierte que el riesgo en línea no proviene principalmente de extraños, sino que “surge con frecuencia de relaciones existentes y entornos de confianza”, y la tecnología se utiliza para trasladar y escalar interacciones que comenzaron en persona.
La encuesta registró tasas casi idénticas entre niñas (14%) y niños (13%) respecto a su situación de víctimas de estos delitos. No obstante, el informe advierte que sí existe diferencias en la manera que se lleva a cabo con respecto a su género.
En el caso de las niñas, las entrevistas revelan que los agresores explotan normas de género para ejercer coacción: promesas de estabilidad, de matrimonio o de un futuro compartido operan como mecanismos de presión. El patrón más documentado consiste en solicitar primero fotografías no sexuales, hasta escalar a contenido íntimo presentado como “prueba de amor”. Una vez obtenidas las imágenes, el agresor las usa para controlar la vida cotidiana de la víctima: aislarla, restringir sus actividades y vigilarla, bajo amenaza de difundir el material.
En el caso de los niños, el informe señala que algunos pueden recurrir a modelos de masculinidad dominantes asociados al control, lo que los sitúa tanto como posibles víctimas como perpetradores de conductas coercitivas. Al mismo tiempo, el abuso hacia niños tiende a pasarse por alto y minimizarse con más facilidad. El estudio no logró identificar a ningún varón para participar en las entrevistas cualitativas, lo que el informe interpreta como un posible indicador de mayores obstáculos para la revelación y el acceso al apoyo.
Los adolescentes de mayor edad presentan tasas más altas de victimización: el 21% de los de 17 años sufrió al menos una forma de abuso, frente al 6% de los de 12 años. El análisis de los datos descarta que la causa principal sea el mayor tiempo de conexión; los menores que presenciaron violencia en el hogar tuvieron tres veces más probabilidades de ser víctimas que quienes no la vivieron.
Menos del 1% de los casos se denuncia
A pesar de la magnitud del fenómeno, la denuncia formal es casi inexistente. Según la encuesta, menos del 1% de los incidentes ocurridos en el año anterior a la recopilación de datos fue reportado a las autoridades.El 32% de las víctimas no habló con nadie sobre lo sucedido.
Quienes sí revelaron el abuso lo hicieron principalmente con amistades (17%), una cuidadora (16%) o hermanas y hermanos (14%). El principal obstáculo para hablar fue la vergüenza (21%), seguido del desconocimiento sobre cómo o a quién acudir (16%). En el 24% de los casos, fue el propio agresor quien disuadió a la víctima de denunciar mediante amenazas directas.
Las adolescentes y jóvenes entrevistadas describieron sentimientos de miedo, culpa y exposición permanente, con temor a que el contenido sexual permaneciera disponible en internet de forma indefinida. Varias relataron haber faltado a clases o cambiado de escuela por el acoso posterior al abuso.
Finalmente, el documento destaca que el marco jurídico mexicano presenta lagunas que el informe considera estructurales. La legislación federal no permite responsabilizar a las plataformas digitales por el material de abuso sexual publicado por sus usuarios, por lo que no tienen incentivos jurídicos para detectarlo, denunciarlo ni eliminarlo de forma proactiva.
