Darío Celis
Atrae Corte histórico expediente cultural
El decreto publicado por el presidente Miguel de la Madrid, el 18 de julio de 1984, impuso una restricción total a la exportación definitiva de este tipo de obras
LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo que cuestiona, desde sus cimientos, la prohibición absoluta de exportación definitiva de obras declaradas monumentos artísticos. El caso involucra la obra de Frida Kahlo, en específico, el cuadro Autorretrato con Medallón, fechado en 1948, y coloca sobre la mesa un debate que trasciende lo jurídico y toca las fibras de la política cultural.
¿Proteger el patrimonio implica necesariamente confinarlo dentro de las fronteras nacionales?
El decreto publicado por el presidente Miguel de la Madrid, el 18 de julio de 1984, impuso una restricción total a la exportación definitiva de este tipo de obras.
Sin embargo, esa prohibición absoluta contradice lo dispuesto por la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que sí permite la exportación.
Según la ley de la ahora Secretaría de la Cultura, que dirige Claudia Curiel, procede siempre que se cumplan determinados requisitos legales orientados a mantener registrada y ubicada la obra.
Estamos, pues, ante una antinomia normativa que la instancia que encabeza Hugo Aguilar Ortiz tendrá que resolver con visión de Estado.
Los beneficios de permitir la exportación definitiva son múltiples y tangibles.
En primer lugar, posibilitaría una exposición internacional permanente de obras culturales mexicanas de primer orden.
Museos de talla mundial como el Louvre de París o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York han manifestado interés en montar salas de exhibición permanente dedicadas a Frida Kahlo.
No obstante, bajo el régimen vigente, invertir recursos en una Sala Frida resulta prácticamente imposible, pues la obra no puede residir de manera definitiva fuera de México.
La presencia continua de la obra fridicana en circuitos internacionales potenciaría el interés global por la cultura mexicana, en beneficio del turismo cultural, investigación académica y diplomacia blanda.
La obra en cuestión pertenece a un coleccionista privado y está actualmente en un fideicomiso del Banco Bx+, de Antonio del Valle Ruiz y que dirige Thomas Ehrenberg.
La regularización de la exportación definitiva mediante el cumplimiento de requisitos legales reduciría significativamente el comercio irregular de obras de arte.
Es un hecho documentado que el hermetismo normativo ha fomentado un mercado paralelo en el que las piezas circulan sin registro ni trazabilidad.
Un “falso nacionalismo” arraigado en la legislación ha provocado, paradójicamente, que las obras se comercialicen de manera clandestina y permanezcan ocultas al disfrute público.
Es indispensable disipar un temor recurrente: la exportación definitiva no implica pérdida de control sobre la obra.
El Estado mexicano mantiene trazabilidad y control jurídico sobre la obra, aún cuando ésta se encuentre físicamente fuera del territorio nacional.
La exportación definitiva, lejos de ser un acto de abandono, es un acto de confianza institucional: se permite la salida porque existen mecanismos legales que garantizan la supervisión permanente.
La decisión de la Suprema Corte de atraer este caso constituye una oportunidad histórica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reinterpretar el marco normativo del patrimonio artístico nacional.
El verdadero nacionalismo cultural no se mide por cuántas obras encerramos dentro de nuestras fronteras, sino por cuántas hacemos brillar fuera de ellas.
POR CIERTO QUE en estos días termina la exposición Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, que se estuvo exhibiendo en el Museo de Arte Contemporáneo, y ahora esta colección viajará a España para la inauguración del museo “El Faro”, de Fundación Banco Santander. Justo con ese motivo, el colectivo Defendamos la Colección Gelman ha estado operando para generar un mal ambiente en esta transición. La discusión sobre el convenio entre el banco de Patricia Botín, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la familia Zambrano ha llegado a un punto preocupante. En vez de analizar sus resultados, una exposición realizada en México y otra anunciada en Monterrey en 2028, el Colectivo parece empeñado en desacreditar cualquier fórmula de colaboración con coleccionistas privados. La ofensiva ha incluido demandas de amparo que, hasta ahora, no parecen acompañadas de argumentos sólidos ni de una propuesta viable sobre lo que debería hacerse con las obras. Ese vacío es el principal problema de sus señalamientos.
Se denuncia el convenio, se cuestiona a las instituciones y se acusa a los propietarios, pero nadie explica con claridad cuál sería la alternativa concreta. ¿Que las piezas permanezcan guardadas en casas particulares? ¿Que sus dueños soliciten permisos de exportación temporal cada dos años, como venía ocurriendo, sin exhibirlas en México? ¿Que el Estado las compre? Y, en ese último caso, ¿con qué presupuesto y bajo qué procedimiento? El convenio puede ser revisado, vigilado y mejorado. Lo que resulta absurdo es pretender que la confrontación permanente beneficia al patrimonio. Las obras declaradas monumento artístico conservan su carácter de propiedad privada. Si se destruye la confianza de quienes aceptan prestarlas para exhibición pública, el resultado más probable no será una mayor socialización del arte, sino su regreso a residencias, bodegas o colecciones inaccesibles.
EL PUENTE AMADO Nervo, que construye la empresa Recsa de Humberto Armenta, ya supera 80% de avance y entra en su fase decisiva. La obra, impulsada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina, implicó una inversión de 530 millones de pesos y permitirá conectar de manera más eficiente Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, una zona metropolitana donde diariamente convergen actividades turísticas, comerciales y de servicios. El proyecto considera un cruce de casi 800 metros sobre el Río Ameca y accesos que completan cerca de dos kilómetros de vialidad. La expectativa es reducir hasta 25 minutos los tiempos de traslado para alrededor de 500 mil habitantes y ofrecer una alternativa al único puente existente. La ejecución mantiene, incluso, un adelanto cercano a 28% respecto al programa original, un indicador que en la industria de la construcción pocas veces pasa inadvertido.
LA DESIGNACIÓN DE la senadora Andrea Chávez como coordinadora de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua abrió un nuevo debate al interior de Morena sobre los límites de la relación entre los partidos aliados de la 4T. El nombramiento le asigna tareas de organización territorial, afiliación, promoción partidista y fortalecimiento de la estructura petista en la entidad. Diversos grupos morenistas han cuestionado que una militante de Morena asuma responsabilidades orgánicas dentro de otra fuerza política. De acuerdo con los estatutos del partido guinda, este tipo de conductas podrían derivar en procedimientos internos de revisión. Sin embargo, cualquier eventual sanción requeriría una queja formal y el análisis de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
