Diputados descartan revisar nuevamente la llamada de oro
El diputado Ricardo Monreal, aseguró que no existe motivo alguno para realizar o revisar la Ley de “pensiones doradas”. Para el poder Ejecutivo la reforma se aprobó en las mejores condiciones, “no hay pues ninguna contradicción, o arbitrariedad. La reforma está aprobada conforme a la Constitución. Si hubiese alguna forma que no convence. La consejera Jurídica, tendría que reformarse la constitución, pero, yo considero, que no hay ningún motivo para hacerlo”.
Lo anterior, porque, recientemente la actual consejera Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo en un oficio del pasado 9 de junio que la reforma tiene disposiciones contradictorias: mientras fija como tope salarial de los funcionarios en activo la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, limita las pensiones a la mitad de ese monto.
Así, el Gobierno federal admitió que la reforma que impulsó para limitar las “pensiones doradas” estuvo mal hecha.
Cabe recordar que la reforma de las “pensiones doradas” en México busca limitar las pensiones y jubilaciones muy elevadas que reciben algunos exfuncionarios y altos mandos de organismos públicos, como empresas del Estado y entidades paraestatales. La reforma modificó el artículo 127 de la Constitución.
Los principales cambios son:
No afecta las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro, los sistemas complementarios financiados con aportaciones sindicales, la pensión para el bienestar de personas adultas mayores y otros casos expresamente exceptuados por la reforma.
Se establece que, como regla general, ninguna pensión o jubilación pagada con recursos públicos para determinados altos funcionarios podrá ser superior al 50 % de la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La medida está dirigida principalmente a personal de confianza y altos mandos de organismos descentralizados, empresas públicas como PEMEX y CFE, banca de desarrollo y otras entidades públicas.
