Martín Espinoza

11 de Marzo de 2020

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se ha convertido en pieza fundamental contra la corrupción. Sin importar si los actos ilegales son de funcionarios de la presente o de anteriores administraciones, la funcionaria –quien goza de todas las confianzas del presiente López Obrador– es la “mano dura” de la lucha anticorrupción.

La dependencia a su cargo informó que durante el 2019 identificó irregularidades en proyectos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, las cuales generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.

Gerardo Ruiz Esparza fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Peña Nieto. Fue de sus más cercanos colaboradores en la gubernatura del Estado de México; luego estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual concluyó su administración con faltantes por cinco mil 516 millones de pesos en el sector central, pero al sumar los daños al erario en aeropuertos, puertos, carreteras y fideicomisos la cifra se dispara a 15 mil 930 millones.

Por otra parte, el sector del transporte también está involucrado en presuntos actos de corrupción, según detectó el director general de Autotransporte Federal de la SCT, Salomón Elnecavé, en el marco del Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado. El funcionario precisó que dichos actos fueron realizados en la administración pasada en el Centro de Capacitación de Conductores.

Sin embargo, bajo el mando de Salomón Elnecavé se encuentra la Dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte, a cargo del ingeniero Jesús Pablo Mercado Díaz, un hombre cercano a Ruiz Esparza y quien se desempeñó como funcionario desde la pasada administración.

Desde hace un par de días, los dueños de los verificentros federales en la Ciudad de México han buscado hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, con el objetivo de hacerle saber del nivel de corrupción que prevalece en la SCT y, principalmente, por parte del exfuncionario peñista, quien, abusando de su autoridad para firmar los permisos para operar Unidades de Verificación de emisiones contaminantes y condiciones físico-mecánicas de los vehículos, viene realizando el cierre de los verificentros ubicados en la capital del país y, al mismo tiempo, autorizando la apertura de nuevos, tanto en el Estado de México como en Morelos.

Según los afectados, Jesús Pablo Mercado Díaz opera una red de verificentros federales por medio de prestanombres, uno de los cuales obtuvo el permiso de operación en un tiempo récord de 10 días hábiles. Otro caso es el de una gasera que cuenta con autorización por parte de la SCT en cuestión de la inspección físico-mecánica, pero que no cumple con las medidas del terreno y especificaciones obligatorias para su operación.

He aquí un nuevo reto para la secretaria Irma Eréndira Sandoval para desmantelar y castigar, en caso de comprobarse, dicha red de corrupción en los verificentros federales. Al igual que se hizo en hospitales del sector salud, hoy los dueños de los verificentros, bajo la regulación del gobierno federal, piden a las autoridades que lleven a cabo una nueva inspección donde esté presente la secretaria de la Función Pública y el propio titular de la Dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte.

Asimismo, en caso de ser necesario, el sector del Autotransporte pedirá la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, para que se investigue a funcionarios ligados a Ruiz Esparza, quienes aún operan dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

También es momento de preguntarse cómo una asociación civil, denominada Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es la encargada de certificar a los verificentros, labor que corresponde, exclusivamente, al gobierno federal. Al parecer, alguien dentro de la SCT no entendió el mensaje presidencial de desaparecer todas las asociaciones civiles que hoy día realizan labores propias del Estado, mismas que se han convertido en un gran “negocio” y que, en el caso de los verificentros federales, ya son un gran problema de corrupción.