Reforma judicial pone ‘nerviosos’ a congresistas de EU

Legisladores estadounidenses pidieron garantías de que las reformas propuestas por el presidente López Obrador no afectarán al T-MEC.

La posible aprobación de la reforma judicial en el Senado y los efectos que esta tendría en la relación comercial con Estados Unidos ha causado nerviosismo en un grupo de congresistas estadounidenses, quienes enviaron una carta advirtiendo de los riesgos jurídicos que podrían devenir de los cambios planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un total de 10 legisladores se dirigieron a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, para expresarle su “preocupación por varias reformas constitucionales que se encuentran bajo consideración en el Congreso de México”, principalmente aquellas que podrían comprometer los acuerdos alcanzados en el marco del T-MEC.

En dicha carta, los congresistas expresaron inquietudes con respecto a las propuestas relacionadas con electricidad, minería, maíz genéticamente modificado y la desaparición de órganos autónomos, los cuales, apuntaron, “parecen comprometer el acceso de los inversionistas de Estados Unidos a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”.

En ese sentido, instaron al gobierno estadounidense a comunicarse con el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso mexicano para garantizar que las reformas que se aprueben no entren en conflicto con las obligaciones en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Mientras nos preparamos para la revisión del T-MEC en 2026, es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo. Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC creará dudas significativas sobre el compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente dificultará el proceso de revisión”, advirtieron.

Entre sus preocupaciones, señalaron los esfuerzos del gobierno mexicano por prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, la restricción a la exploración de litio, a las operaciones y permisos de electricidad, así como las limitaciones a las importaciones de maíz genéticamente modificado y la abolición de organismos reguladores independientes.

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