Ordena CoIDH a México que regule la prisión preventiva oficiosa

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó ayer una sentencia que obliga al Estado mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de su orden legal, incluso de la Constitución.

Se trata de la sentencia García Rodríguez y otro vs. México, que concluyó que el Estado mexicano es responsable de una serie de violaciones de derechos humanos de Daniel García y Reyes Alpízar.

Ambas personas estuvieron presas por más de 17 años, sin una sentencia, acusadas del asesinato de María de los Ángeles Tamez, exregidora de Atizapán, Estado de México, el 5 de septiembre de 2001.

Según la CoIDH, al arraigarlos y someterlos a prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano violó sus derechos a la integridad y libertad personal, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial.