Leo Zuckermann
La triste captura de los árbitros electorales
La democratización en México se logró gracias a reformas que construyeron instituciones electorales serias, profesionales, eficaces, autónomas, imparciales y creíbles. Este proceso costó mucho tiempo y dinero. La oposición presionó y el régimen autoritario priista tuvo la voluntad de escucharla, negociar y pactar.
Se crearon, así, el Instituto Federal Electoral (IFE, luego INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los dos, pilares institucionales con la misión de organizar y arbitrar la competencia electoral entre los distintos partidos.
Gracias a este proceso de construcción institucional, las minorías pudieron convertirse en mayorías, condición sine qua non de la democracia liberal.
Tristemente, hoy avanzamos por el camino opuesto.
La llamada “Cuarta Transformación” se ha abocado, con éxito, a la captura de los árbitros electorales.
El caso más patético y patente ha sido el del TEPJF.
Durante la segunda mitad del sexenio de AMLO, la mayoría oficialista en el Senado se rehusó a nombrar a dos magistrados que faltaban en el Tribunal. En lugar de operar con siete, como lo manda la Constitución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral funcionó con cinco magistrados.
Tres de ellos estaban cooptados por Morena: Mónica Soto, la presidenta, y los dos Felipes, De la Mata y Fuentes. Los otros dos (Janine Otálora y Reyes Rodríguez) se quedaron en la minoría.
La mayoría morenista en el Tribunal validó candidaturas controvertidas, permitió prácticas de propaganda gubernamental y uso de recursos públicos prohibidos por la ley, certificó la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo y legitimó el uso de los acordeones que se utilizaron en la elección judicial de 2025.
Morena premió a los magistrados permitiéndoles quedarse en sus puestos cuando todos los demás jueces fueron defenestrados en la reforma judicial de 2024. En las elecciones de 2025 finalmente se eligió a los dos magistrados que faltaban. Quedaron Claudia Valle y Gilberto de Guzmán Bátiz, que aparecieron en los acordeones de Morena para las elecciones judiciales; evidentemente, el oficialismo estaba interesado en que quedaran ellos como magistrados.
La captura del INE por parte de la 4T ha sido más complicada y tardada.
Cuando, en 2022, López Obrador comenzó a atacarlo, en particular al entonces titular, Lorenzo Córdova, miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar con la consigna “¡el INE no se toca!”. Los manifestantes se oponían a su debilitamiento y captura.
En 2023 se renovaron cuatro de los once miembros del Consejo General, máximo órgano decisor del instituto, incluidos el consejero presidente. En ese puesto quedó Guadalupe Taddei, en lugar de Córdova, con familiares cercanos a la 4T. El propio López Obrador describió a los Taddei como una familia “progresista”.
Ya como presidenta del INE, con sus declaraciones, acciones y votos, Taddei ha demostrado su cercanía con Morena. Es evidente su obsecuencia con el partido gobernante y los otros dos partidos aliados de la 4T.
La presidenta del INE ha logrado conjuntar a un grupo mayoritario de consejeros que votan a favor de decisiones que favorecen a Morena. En este sentido, como ocurrió con el Tribunal, también el instituto ha sido capturado por las fuerzas del gobierno.
Este proceso de captura quedará sellado este mes cuando la Cámara de Diputados elija a tres consejeros que se retiraron este año.
En esta ocasión, el oficialismo no ha tenido empacho en seleccionar perfiles claramente afines a la 4T.
Sin pudor alguno, evitando las típicas simulaciones mexicanas, entre el gobierno, Morena y la propia Taddei, han incluido en las listas a gente cercana a ellos, como Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México, afín a la presidenta Sheinbaum; Bernardo Valle, exconsejero del Instituto Electoral de la CDMX; Flavio Cienfuegos, exdirector de administración del IMSS y excolaborador de Taddei; Miguel Lucía, exsenador suplente de Morena; Diana Talavera, históricamente impulsada por el bloque de Morena en la capital; Guadalupe Álvarez, hija del senador de Morena por Tlaxcala; Iulisca Bautista, esposa de un funcionario en la Sedatu; Netzer Villafuerte, asesora del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y Alejandro Romero, coordinador de asesores de una consejera cercana al partido gobernante.
Se consolidará, así, la mayoría oficialista en el INE, como ocurrió en el TEPJF.
Adiós a la seriedad, profesionalismo, eficacia, autonomía, imparcialidad y credibilidad de las instituciones electorales. Bienvenidos a una nueva época de control del partido hegemónico en ellas. Qué triste.
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