Fracking en México avanza entre dudas técnicas y rechazo social

El posible avance del fracking en México ha encendido el debate entre especialistas, autoridades y comunidades, luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara la creación de un grupo de alto nivel para evaluar la viabilidad del gas no convencional con criterios científicos, ambientales y sociales.

La mandataria aseguró que no habrá una decisión unilateral y que cualquier proyecto dependerá de estudios técnicos y consultas con las comunidades. Sin embargo, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking advierten que esta técnica implica riesgos ambientales significativos, especialmente por el uso intensivo de agua y la posible contaminación de suelos y acuíferos.

Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos señalan que proyectos como el Aceite Terciario del Golfo podrían implicar miles de pozos, con impactos acumulativos en ecosistemas y comunidades. Además, campesinos han denunciado afectaciones en cultivos, mientras que pueblos indígenas de la Huasteca potosina han protestado por posibles daños a sus recursos naturales.

Ante este panorama, colectivos sociales han solicitado prohibir el fracking a nivel constitucional, al advertir que podría afectar a cientos de comunidades. El gobierno sostiene que el proceso priorizará la participación social, pero el tema ya perfila un nuevo frente de tensión entre desarrollo energético y protección ambiental.