Leo Zuckermann
Una bomba para Morena
Qué golpe le ha propinado el gobierno estadunidense al mexicano de Morena.
La Cancillería ya recibió el pedido para extraditar al gobernador de Sinaloa, un senador de ese estado, el alcalde de Culiacán y seis funcionarios y exfuncionarios más.
La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado un documento que narra algo de lo que nunca se habla en México, es decir, la protección política y policiaca del crimen organizado.
Si el gobierno de Claudia Shienbaum entrega a los indiciados al vecino del norte, ya sea extraditándolos o ilegalmente expulsándolos como hizo con 92 criminales de alto perfil, se arriesga a que lo acusen de entreguista.
Si no los entrega, se arriesga a que un comando militar estadunidense venga a territorio nacional y se los lleve, tal y como hicieron con Nicolás Maduro en Venezuela.
No está fácil la decisión para la Presidenta.
Ayer, el gobernador Rubén Rocha posteó en su cuenta de X: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
El mensaje está claro, sobre todo para los “liderazgos emblemáticos”: yo no voy a caer solo.
El fiscal estadunidense presentó a un Gran Jurado el caso para denunciar formalmente a diez políticos y mandos policiacos mexicanos implicados en una conspiración para traficar drogas (fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina), proteger al Cártel de Sinaloa (en particular la facción de Los Chapitos) y facilitar sus operaciones.
El Gran Jurado resolvió que sí existen pruebas suficientes para acusar a los indiciados. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
El documento de la Fiscalía presenta una narrativa coherente y detallada de la estructura del cártel, los papeles específicos que desempeñaron cada acusado y los mecanismos de corrupción.
La investigación parece sólida con múltiples fuentes.
Hay datos precisos, por ejemplo, de los sobornos. Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, recibía 200 mil pesos al mes; Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, 300 mil; Alberto Jorge Contreras, su sucesor, también 300 mil; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía de Sinaloa, cien mil. Juan Valenzuela, excomandante de la Policía de Culiacán, 30 mil pesos. Las autoridades estadunidenses tienen las listas del cártel con los nombres y montos demostrando, así, la red de corrupción.
La acusación narra, también, los avisos de operativos y la protección activa a los miembros del cártel. Se acusa que los funcionarios informaban a los criminales de cateos y redadas, lo cual les permitía destruir o mover la evidencia, así como evacuar las drogas y el personal.
No sólo avisaban, actuaban para proteger al cártel: no arrestaban a miembros armados, liberaban a detenidos, ordenaban no intervenir, permitían el transporte de drogas, dejaban pasar químicos, incluso ayudaban en secuestros, además de detener y entregar a los enemigos del cártel, un informante de la DEA, por ejemplo. En este rubro, la acusación no presenta audios, mensajes o documentos originales completos, lo cual sugiere que la evidencia proviene de testigos protegidos del gobierno estadunidense.
Interesante es la denuncia de intervenir en las elecciones locales de Sinaloa. El cártel habría apoyado a los candidatos de Morena a cambio de recibir protección después.
Los líderes de Los Chapitos habrían ordenado a sus miembros y ciudadanos a votar por ciertos candidatos, amenazado o intimidado a opositores, robado boletas y, en general, manipulado todo el proceso electoral. La policía habría recibido órdenes de no intervenir frente a las irregularidades el día de la elección.
Esta acusación tampoco incluye grabaciones, documentos originales y/o evidencia directa verificable. De nuevo, parece venir de testigos protegidos e informantes.
Al haber sido declarados los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, la ley estadunidense otorga jurisdicción extraterritorial a los fiscales de ese país.
El caso parece bien armado en su narrativa, con mucha investigación y el testimonio de testigos protegidos. Se percibe sólida.
La acusación más grave es contra Rocha por el cargo que desempeña. No recuerdo que EU haya denunciado a un funcionario en funciones de tan alto rango. Al gobernador de Sinaloa lo acusan de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
De resultar culpable podría ser objeto de una pena mínima de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
¿Lo entregará la Presidenta?
De ser así, ¿se irá solo al matadero o involucrará a alguno de los “liderazgos emblemáticos” del movimiento? © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
